Estas instituciones formalizaron con fecha 14 de noviembre de 2016 un convenio de colaboración en materia de protección de la ciudadanía ante los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria.
El documento de colaboración establece que los jueces valencianos podrán aplicar prórrogas de hasta dos años en aquellos procesos en los que los afectados no dispongan de recursos, mientras la Administración busca soluciones para cada caso, evitando así que nadie en la Comunitat Valenciana se quede desamparado a consecuencia de un proceso judicial.
El convenio incluye la creación de un protocolo de actuación en aquellos supuestos en los que, con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o por falta de pago de la renta, a juicio de la autoridad judicial, se observe una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social que determine la necesidad de intervención de los servicios sociales de la Generalitat.
Este acuerdo se ha venido prorrogando anualmente mediante una adenda firmada por las partes, la última vez hasta el 14 de noviembre de 2019.
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